Esta semana ingresó a la Legislatura de Tucumán un nuevo pedido de juicio político en contra de un magistrado del Poder Judicial provincial. Se trata de la jueza Andrea Fabiana Segura, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital, por su accionar en el caso de tenencia previo a la muerte del pequeño Yulian Jiménez, de 5 años, quien fue asesinado por su madre Manuela Medina de tres disparos en el abdomen al poco tiempo de fallar en su favor.
La solicitud de juicio político fue presentada por la abogada Bárbara Morelli, vicepresidenta de la Fundación Morelli, quien, pese a no contar con matrícula en la provincia, debió obrar como autora de la iniciativa ante la falta de acompañamiento de letrados tucumanos. "Lo hace ella porque ningún abogado tucumano quiso acompañar el pedido", señaló este martes por la mañana el representante de la institución, Héctor Cardozo, que además acusó gravemente al presidente del Colegio de Abogados de Tucumán: "Quiero dejar claro que ningún abogado de Tucumán quiso acompañar nuestro pedido. De hecho, el doctor (Rodolfo) Giri, presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, y esto quiero decirlo públicamente, aconsejó que ningún abogado nos acompañara, lo cual habla del modus operandi de la Justicia tucumana".
Durante la entrevista, Cardozo deja claro que la intención de la fundación no es ir en contra del fallo de la jueza Segura, sino revisar y juzgar su accionar que culminó con el trágico desenlace de la muerte de un menor por favorecer a la mujer policía que, pese a todas las alertas registradas, fue favorecida con la tenencia total e irrestricta de quien terminó convirtiéndose en su víctima fatal. "Esto sucede por un modus operandi que tiene la Justicia Tucumana; este caso pone sobre el tapate cómo actúa la Justicia tucumana de Familia. Acá lo que se pide es un juicio político por el accionar de la jueza que desprotege al menor. La prioridad de la jueza nunca fue proteger al menor, sino darle un tinte feminista a su actuación, lo cual está reñido con la función de los magistrados", recriminó.
Por otra parte, Cardozo comparó el asesinato de Yulián Jiménez con el de Lucio Dupuy, muerto también a manos de su progenitora en un caso que fue polémica a nivel nacional por sus tintes de género. "Muchas veces escucho que nadie quiere un caso como el de Lucio Dupuy, y este es mucho peor que el caso de Lucio Dupuy, porque hubo reiteradas alertas de parte de la familia de Yulian y nunca fueron escuchados", insistió.
Antes del asesinato de Yulian, su padre Cristian estaba sujeto a un régimen de visitas que, tras una supuesta falsa denuncia por violencia de género realizada por Medina, fue revocada en favor de la madre, otorgándole la tenencia total. "Medina aduce que se siente violentada porque Cristian Jiménez pasaba por el domicilio de ella con su nueva pareja, es decir que la jueza juzgó que pasar por frente al domicilio, hecho que no está constatado, era más grave que usar un arma de fuego contra un civil y le otorga a la madre la custodia irrestricta y completa de Yulian, dejándolo en manos de su asesina", recrimina.
"Se debe proceder contra la jueza por mal desempeño de sus funciones y hay que ser claro: no estamos atacando el fallo, estamos atacando las consecuencias de su inacción sobre el menor, porque en todo momento tuvo la intención de ejercer su judicatura en favor de Medina", señaló Cardozo y apuntó contra la Comisión de Juicio Político que ahora deberá revisar la presentación. "Hay un modus operandi de la Comisión de Juicio Político, que tiene que ver con la cuestión jurisdiccional. Aducen que habiendo una instancia superior no le corresponde a la comisión resolver sobre una cuestión que se debe resolver en el ámbito de la Justicia. Con el menor muerto ya no hay ninguna instancia superior que pueda resolver este agravio. Por lo tanto, para que no escape por la tangente esta comisión hay que dejar claro dos cosas: no se ataca el fallo de la jueza y no hay jurisdiccional una instancia superior a la cual recurrir porque el daño es insalvable, por la muerte del niño y la del perpetrador", explicó.
Por último, el representante de la Fundación Morelli realizó duras críticas contra el Poder Judicial de Tucumán, que asegura fue cooptado por las políticas de género y diversidad. "Todo esto responde a que la Justicia no falla en función del derecho, sino que lo hace en función de políticas ideológicas. De hecho, la ideología de género ha cooptado totalmente la Justicia de Tucumán y hoy la perspectiva de género se aplica a cualquier caso; nosotros hemos detectado jueces que mejoran los argumentos de los abogados defensores y estoy hablando de algo muy grave. Estamos hablando de un ejercicio de la Justicia que se vuelve peligroso para el ciudadano común, porque el juez se convierte en abogado defensor de la parte demandante si es mujer, inobservando el derecho y poniendo a la mujer en un grado de incapacidad", analizó Cardozo.
"Yulian es la punta del iceberg, este caso es la punta del iceberg", finalizó.
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